CONTRATOS Y CONCESIONES: ¿BUENOS O MALOS?

En general, un contrato se entiende como el pacto voluntario entre distintas partes, donde el resultado esperado es cumplir lo acordado. Cuando el taxista decide transportar al cliente a su destino, lo hace esperando que cumpla los términos del trato acordado. La naturaleza de los contratos se encuentra enraizada en cada una de las actividades sociales y económicas de nuestra sociedad. Sin los contratos, la vida en sociedad sería inviable, así como el aprovechamiento del individuo a las bondades de la coordinación social y la cooperación económica de toda civilización existente.

El contrato, establece las reglas o principios de cómo se distribuirán los recursos existentes, así como las condiciones en el que se dará. Incluso frente a problemas que puedan poner en riesgo lo pactado se podrá acordar en dicho contrato. También se podrá acordar sobre los mecanismos que se empleará en casos de riesgos que puedan producirse frente a sucesos externos, todo esto con el fin de reducir los riesgos producto de la incertidumbre, y guiado por la estabilidad y la eficiencia buscada en el contrato mismo.

Aunque esta clase de contratos resulte fácil y simple de visualizar, en la realidad existen variedad de transacciones, así como variedad de contratos. Sin embargo, dentro del abanico de posibilidades de pactos o tratos, surgen casos que requieren garantías mayores a la protección y cumplimiento del contrato, muchas veces por el tipo de beneficios involucrados. Este puede ser el caso de los contratos ley, que no es más que contratos pactados por el estado con un particular externo. Aunque, en los últimos tiempos se ha satanizado a las concesiones como un ejemplo de perjuicio al desarrollo social, la realidad exige un poco más de análisis sobre el fenómeno, como es el caso de la electricidad.

La electricidad, es considerada como un servicio básico para el desarrollo de los países. Los excesivos costos que tiene el instalar una generadora eléctrica, colocar postes y cableado, así como el mantenimiento y operación hace que la tarifa sea poco accesible al bolsillo de los ciudadanos. En ese sentido, es importante tener contratos a largo plazo, que permitan un mejor manejo tarifario. Así como un mecanismo que garantice cuotas bajas en periodos más largos de pago, frente a una tarifa excesivamente alta a muy corto periodos de pago. Frente a este suceso, ¿Cómo hacemos para garantizar y mantener el cumplimiento de acuerdos de largo plazo que protegen del riesgo y la incertidumbre propios de los cambios externos producidos? ¿Cómo hacemos para garantizar que la inversión será rentable en un futuro?

En 1972, el Perú nacionalizo la industria eléctrica y creó Electroperú, cuya función era la tenencia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Entre los años de 1980 y 1990, en Perú se redujo la tarifa de 1IO0Okw/h en un 75%. Dando como resultado que entre los años de 1988 y 1990 Electroperú tuviera una pérdida acumulada de $ 501 millones. Para 1990 el Perú contaba con un déficit de 20% de capacidad de potencia instalada, razón por la cual se tuvo que racionar el servicio eléctrico alas familias y empresas peruanas (Fernández-Baca, 2020).

En 1992, se promulgó la ley de concesiones eléctricas en el Perú, ley que tuvo como objetivo introducir un esquema de competencia como preámbulo a la privatización del sector. Esta ley permitió generar contratos a largo plazo, que dieron como resultado mejores tarifas en la industria. Para poder lograr dichas tarifas, se debía asegurar que el negocio sea atractivo para la inversión del sector privado. Posteriormente, entre los años 1994 y 2002 el sector eléctrico atravesó por un periodo de privatización. Como consecuencia a la privatización hubo un aumento en la potencia instalada de la generación eléctrica, este aumento permitió que el coeficiente eléctrico pase del 58.5% (1994) a 70% (1998), incorporando a 750 mil nuevos clientes al sistema eléctrico. En cuanto al consumo eléctrico, en 1994, una persona consumía 400kw por hora, mientras que para el 2002 una persona consumía por encima de 650kw por hora (Fernández – Baca, 2020).

El beneficio de un contrato especificado a largo plazo, permitió el desarrollo eléctrico del Perú, así como los mecanismos de control frente a riesgos e incertidumbre del sector. Hoy en día, contratos garantizados permiten la implementación de mecanismos cada vez más sofisticados, que favorecen el acceso a electricidad a más peruanos. Como es el programa de electrificación rural, FOSE, FISE, etc. Para el 2022, el programa FISE ha permitido a cerca de 900 mil familias vulnerables, poder adquirir energía a un menor costo en el mercado (25 soles menos), esto con el fin de poder generar una mayor inclusión energética (MINEM, 2022).

La esencia de los contratos radica en el cumplimiento de estos, ya que sin una garantía del seguimiento y materialización de ellos sería inviable poder generar  espacios de acuerdos y pactos. En un contexto como el que atravesamos, donde la demagogia política nos lleva a escoger solo entre dos colores, sin tener en cuenta la variedad de matices existentes en la realidad, es importante detenerse a pensar sobre la posición que se asume. Resulta poco sensato cuestionarse si el bisturí es bueno o malo, y más aún cuando su utilidad es clara; los usos del bisturí radican en la intención de la mano que lo empuña y no necesariamente en el bisturí mismo.

Carlos Edward Agramonte Vasquez
Instituto Sociedad Abierta